En estos momentos se está diseñando una modificación del Real Decreto que regula las medidas del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE) 2019-2023, dentro del cual se encuentran las ayudas de cosecha en verde que se implantaron por primera vez el año pasado para paliar la crisis de ventas provocada por la pandemia de la COVID19. La UAGR ha presentado, a través de COAG, una serie de alegaciones al borrador que maneja el Ministerio, centrándose en la mejora de la cosecha en verde, una medida necesaria para los viticultores en momentos de crisis, pero que tras su primera activación necesita modificaciones.
En sintonía con COAG, la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja, como consideración previa, defiende que la cosecha en verde ha de contar con un presupuesto propio, sin depender de los fondos del PASVE: “Consideramos necesario asignar de forma estable en el presupuesto del PASVE una dotación de fondos para la medida de cosecha en verde para solventar las dificultades que se presentan en el momento de tomar la decisión de aplicar la medida de la cosecha en verde en una campaña determinada para poder habilitar los fondos necesarios para financiación de las ayudas, ya sea al tener que reasignar una vez iniciado el ejercicio financiero, fondos asignados inicialmente al resto de las medidas del PASVE o alternativamente tener que recurrir al presupuesto del ejercicio financiero siguiente con el consiguiente retraso en el abono de las ayudas”.
También como cuestión preliminar, desde la UAGR y desde COAG se solicita al Ministerio que promueva en la UE que se permita dentro de la cosecha en verde la vendimia parcial en los viñedos, una medida ahora no contemplada pero que permitiría de igual forma reducir la oferta de uva, aumentando la calidad de la que finalmente se vendimie.
Es necesario aplicar una superficie máxima solicitable por viticultor y año, pero la propuesta de 25 hectáreas del MAPA se queda escasa y por ello hemos propuesto que sean 10, para mayor equidad entre territorios y viticultores.
Respecto a los plazos proponemos que se adopte un calendario más flexible con el objetivo de tener una previsión más aproximada de la cosecha a la hora de tomar las decisiones. Por ejemplo, en lugar de establecerse la presentación de solicitudes del 15 al 30 de abril, que se amplíe hasta el 10 de junio; y que el plazo de ejecución por los beneficiarios sea hasta el 20 de julio.
En cuanto al procedimiento general de priorización de solicitudes, hemos trasladado la necesidad de aclarar y unificar entre CCAA el reparto de estas ayudas. En caso de empate en el procedimiento de selección de beneficiarios proponemos que no se otorgue prioridad a las solicitudes de parcelas de mayor tamaño o que las hayan presentado antes, como propone el Ministerio, sino a quienes hayan obtenido más puntos de prioridad en los criterios ligados al solicitante.