Llevamos décadas denunciando el abuso que sufre el sector agrario en cuanto a la conformación de los precios de los alimentos. Por fin, tras las movilizaciones conjuntas de todo el sector a principios de año, las autoridades parecen convencidas de la necesidad de dotar de capacidad negociadora a los agricultores y ganaderos, para que no se vean obligados a vender sus productos por debajo de los costes de producción.
La situación provocada por la COVID19 puso sobre la mesa la importancia vital del sector agrario, que siguió trabajando durante el Estado de Alarma para garantizar el abastecimiento de alimentos a la sociedad. Durante el propio confinamiento se produjo una primera modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria de 2013, por la que se introdujo la obligatoriedad de reflejar los costes de producción en los contratos agrarios, se prohibió la venta por debajo de dicho valor, así como la destrucción del valor de los productos a lo largo de la cadena.
Ahora el Consejo de Ministros ya trabaja en el anteproyecto de la nueva Ley con los objetivos de “lograr un impacto positivo en la dinamización del mercado, fomentar el reparto equitativo del valor añadido y mejorar la capacidad de negociación de los eslabones más débiles de la cadena”.
Dentro de la modificación de la Ley de la Cadena presentada ayer por el ministro Planas destaca la inclusión de nuevas prácticas comerciales sancionables y el refuerzo del papel de la Agencia de Información y Control Alimentarios y de las Comunidades Autónomas para controlar lo dispuesto por la citada Ley.
Fruto también de las movilizaciones agrarias, la Consejería de Agricultura de La Rioja lleva semanas publicando en su Observatorio de Precios los costes de producción de diferentes alimentos. El último hecho público ha sido el de la uva, al que sitúa en 0,67 euros/kilo para tinta y 0,54 para blanca.
Por todo lo anterior, exigimos a las administraciones competentes (AICA, Delegación del Gobierno y Gobierno de La Rioja) que hagan cumplir la Ley en las operaciones contractuales de productos agrarios. En los contratos, obligatorios, ha de figurar la fecha de pago, el coste de producción y un precio por encima de este. Animamos también a los agricultores y ganaderos a que denuncien los incumplimientos que observen, denuncia que trasladaremos a la AICA guardando la confidencialidad y anonimato del denunciante.
En el siguiente enlace puedes ver un vídeo de Comando Actualidad de TVE en el que aborda este diferencial de precios entre origen y destino: