Presentación de un estudio estatal de COAG sobre el carbono en el suelo agrario en nuestra sede

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Manuel Linares, responsable de la oficina de COAG en Bruselas, ha presentado en nuestra sede logroñesa un estudio sobre la «Agricultura de carbono».

COAG ha presentado en Logroño para toda España el informe La agricultura de carbono en España: oportunidades, riesgos y propuestas desde la perspectiva profesional y social, un análisis exhaustivo sobre el papel del sector agroalimentario en la lucha contra el cambio climático. La conclusión es tan clara como provocadora: el agricultor español lleva generaciones siendo el mayor aliado del clima y nadie le ha compensado por ello.

En diciembre de 2024 entró en vigor el Reglamento (UE) 2024/3012, la primera norma europea que crea un marco de certificación voluntaria para las absorciones de carbono en la agricultura. Bruselas tardó décadas en reconocer lo que COAG lleva tiempo defendiendo: los suelos agrícolas bien gestionados son sumideros de CO₂, no sólo fuentes de emisiones.

El informe de COAG revela una paradoja estructural: la agricultura española practica ya, sin cobrar, buena parte de las técnicas que el nuevo reglamento europeo pretende incentivar y certificar. El pastoreo extensivo en dehesa, las cubiertas vegetales en viñedo, frutales y olivar, la incorporación de restos de poda al suelo, las rotaciones tradicionales de cereal y leguminosas…, son prácticas enraizadas en el saber agronómico de generaciones que han contribuido a mantener e incrementar el carbono orgánico del suelo sin que este esfuerzo haya sido nunca reconocido ni remunerado.

OPORTUNIDAD Y TRAMPA: LO QUE ESCONDE EL MERCADO DE CARBONO

El informe de COAG no es un alegato ingenuo a favor de los mercados de carbono. Es, sobre todo, una advertencia sobre sus riesgos si no se diseñan correctamente.

La principal amenaza que identifica la organización es la financiarización de la tierra agraria. Si los mercados de carbono permiten que fondos de inversión adquieran grandes superficies de secano para plantar cubiertas vegetales certificadas sin producción alimentaria real, el modelo social y profesional de agricultura quedaría directamente amenazado: más presión sobre el precio de la tierra, más concentración de la propiedad, más agricultores expulsados del sistema.

A esta amenaza se suma la exclusión estructural de las explotaciones familiares. Los costes de auditoría, medición y certificación generan economías de escala que benefician a las grandes explotaciones y penalizan a las pequeñas. “Una familia con 20 hectáreas de olivar en Jaén o 10 hectáreas de viña en la Rioja no puede asumir los mismos costes de certificación que una sociedad de inversión con 5.000 hectáreas de cereal en Castilla”, ha subrayado Manuel Linares, co-autor del informe y responsable de la oficina de COAG en Bruselas.

Interesante entrevista a Manuel en Radio Rioja, con Jorge Gómez:

En La Rioja, con más de 47.000 hectáreas de viñedo y 12.500 de frutales, la agricultura de carbono no es un concepto abstracto. Es la realidad cotidiana de miles de viticultores que, con o sin incentivos, mantienen cubiertas vegetales en las calles de sus viñas, incorporan los restos de poda al suelo y trabajan bajo una lógica de respeto agronómico que tiene consecuencias climáticas concretas y medibles.

La estructura del sector vitivinícola riojano refleja con exactitud el dilema que COAG describe a escala nacional. La explotación media en La Rioja es pequeña, familiar, y carece de los recursos técnicos y financieros para asumir individualmente los costes de certificación de carbono. Sin embargo, a través de sus cooperativas y de la estructura organizativa de la Denominación de Origen, el sector tiene una capacidad colectiva que pocos territorios españoles igualan.

Esta es precisamente la oportunidad que COAG señala: las denominaciones de origen, las bodegas con compromisos de sostenibilidad y las cooperativas vitivinícolas riojanas están posicionadas para actuar como operadores grupales en el sistema de certificación europeo, mutualizando costes y distribuyendo los ingresos entre sus socios viticultores. Bodegas de referencia de la región ya han dado pasos en esta dirección con iniciativas de sostenibilidad y huella de carbono que podrían integrarse en el futuro marco regulatorio.

La Rioja es también una de las regiones españolas más expuestas a los efectos del cambio climático sobre la viticultura: aumento de temperaturas, irregularidad de precipitaciones, adelanto del ciclo fenológico, mayor presión de plagas. Las mismas prácticas de manejo que incrementan el carbono orgánico del suelo — cubiertas vegetales, incorporación de materia orgánica, reducción del laboreo — son también las que mejoran la capacidad de retención de agua del suelo y la resiliencia de la viña ante el estrés hídrico.

La agricultura de carbono no es aquí una carga añadida para el viticultor. Es, cuando está bien diseñada, una herramienta de adaptación climática que puede generar ingresos complementarios mientras mejora la salud del suelo y la resiliencia del cultivo. La clave está en que el sistema de certificación reconozca las prácticas ya arraigadas en el territorio riojano, no que exija cambios drásticos que comprometan la producción.

COAG defiende que la función de sumidero de carbono de los viñedos, olivares, dehesas y cultivos extensivos españoles es un bien público que debe ser remunerado por los poderes públicos, y no sólo por el mercado privado. La organización exige que el desarrollo reglamentario del Reglamento (UE) 2024/3012 se haga con participación efectiva de las organizaciones agrarias, que las metodologías se adapten a la realidad mediterránea y que el sistema de certificación grupal esté operativo y sea accesible para las cooperativas y las pequeñas explotaciones familiares.

«Llevamos décadas cuidando el suelo, fijando carbono y prestando servicios climáticos que ahora Europa empieza a regular. El reconocimiento ha llegado tarde. Pero lo que no admitiremos es que el sistema se diseñe para que los grandes fondos de inversión se queden con el negocio y los agricultores se queden con el riesgo», ha puntualizado nuestro coordinador sindical, Roberto Ruiz-Clavijo, que ha acompañado a Manuel en la presentación.

Durante la elaboración del estudio, en julio del año pasado, grabamos un podcast en La Grajera con la participación de dos afiliados de la UAGR-COAG, Carlos Martínez (viticultor de El Villar de Arnedo), y Sergio Ochagavía (fruticultor de Albelda de Iregua). El podcast puede verse en yuotube (https://youtu.be/B018rGA1ap8) o Spotify (https://bit.ly/4usdNBO).

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