Las Plataformas en defensa del territorio, las Organizaciones Profesionales Agrarias y la Comunidad de Regantes de Zarratón, que nos reunimos con Gonzalo Capellán y parte de su equipo de gobierno el mes pasado, solicitamos la revisión de oficio de las autorizaciones previas otorgadas a determinados proyectos renovables. Además, manifestamos nuestra preocupación ante las declaraciones de la consejera Belinda León de que no se pondrán pegas a los proyectos ya en marcha.
Las entidades en defensa del territorio y la agricultura agradecemos al presidente la reunión para conocer la política del nuevo Gobierno relativa a la implantación de infraestructuras, la transición energética y la defensa del territorio, del paisaje, del suelo agrario, del mundo rural, en definitiva, como medio de lucha contra su despoblación.
Tras la cita, detectamos un viraje importante en el concepto de ordenación del territorio: defensa del paisaje, sostenibilidad de las infraestructuras ferroviarias existentes (con más frecuencias de trenes), mejor coordinación de las políticas agrarias y ambientales al estar en la misma Consejería, eliminación de la Agencia Riojana de Transición Energética (ARTE)… Pero manifestamos nuestra preocupación en que todo esto sólo se quede en la teoría, ya que, si se implantan todos los megaproyectos en marcha, en la práctica miles de hectáreas de suelo de regadío y concentración parcelaria quedarán ocupadas, quedando ya muy poco que ordenar o proteger en la anunciada Ley del Paisaje. En este sentido, los defensores del territorio riojano rechazamos las declaraciones de la consejera Belinda León de que “van a llevar adelante” los proyectos ya en trámite, sin ponerles “ninguna pega”.
Por todo ello, los representantes de las Plataformas, las OPA y la Comunidad de Regantes, preocupados por el territorio, el paisaje en general y el del viñedo en particular, los suelos agrarios y nuestros pueblos, solicitamos:
- Ante el anuncio por parte del presidente Capellán de la próxima tramitación de una Ley del Paisaje, es urgente la aprobación de una moratoria para proteger el territorio hasta que se apruebe esta Ley… Si realmente este Ejecutivo ha cambiado la filosofía de apoyar a las empresas de renovables (con la moratoria que se les concedió en el Parlamento), pero ahora no actúa de urgencia, la Ley del Paisaje llegará tarde.
- Ponderar y proteger la Utilidad Pública de las zonas de concentración parcelaria, en algunas de las cuales se acaban de entregar los títulos de reorganización de la propiedad, por encima de la Utilidad Pública que puedan tener las megacentrales de producción de energía renovables. Unos proyectos, por cierto, que buscan la rentabilidad de los grandes fondos de inversión a costa de colonizar y esquilmar nuestro territorio. El Gobierno debería, por tanto, estimar los Recursos de Alzada interpuestos contra las Declaraciones de Utilidad Pública en terrenos de concentración parcelaria o regadío, y contra las ampliaciones de las subestaciones de Red Eléctrica de Haro y Santa Engracia.
- Revisar de oficio las autorizaciones de determinados proyectos por motivos de nulidad (fragmentación de los proyectos) y de las Declaraciones de Impacto Ambiental favorables (al igual que se ha hecho con la variante de Rincón de Soto o con el lobo).
- –No admitir nuevos proyectos (que siguen entrando) que aumentan las hectáreas afectadas, como los de Santo Domingo, Alberite o Murillo.
- Impedir la ampliación de la capacidad de las subestaciones de Red Eléctrica que se encuentran en espacios actualmente protegidos por la LOTUR.
- Transparencia sobre las garantías exigidas a las empresas para la retirada de los aerogeneradores, líneas de evacuación y placas fotovoltaicas cuando llegue el final de su vida útil. Advertir a los propietarios de las fincas que serán ellos los responsables frente a los Ayuntamientos del deber de conservación de los terrenos y, en consecuencia, de la retirada de estos elementos; Y que, en ausencia de este deber, son los Ayuntamientos los que subsidiariamente deben ejecutar este deber a costa de los propietarios.
- Exigencia de evaluación de impacto ambiental independientemente de su potencia, por tratarse de una actividad industrial con efectos significativos en el medio ambiente.
