Ante el anuncio de ayudas públicas para solventar la crisis del sector vitivinícola riojano, y tras las últimas noticias de precios de la uva irrisorios, proponemos al nuevo Gobierno que su reparto revierta en los viticultores y las pequeñas bodegas de cosechero. Para ello ha de velarse por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, registrándose los contratos, como es obligatorio, y siempre por encima de los costes de producción.
Los viticultores de la DOC Rioja reducimos nuestras producciones campaña tras campaña, pero el esfuerzo no siempre se ve recompensado con unos precios que superen los costes de producción, ya que hay bodegas que incumplen flagrantemente la Ley de la Cadena Alimentaria al pagar en el entorno o por debajo de los 70 céntimos por kilo de uva, coste medio de producción de la campaña 2021. Unos costes, por cierto, que aumentan cada vez que se reducen los rendimientos.
A este respecto, exigimos al gobierno riojano que publique de una vez el estudio de precios medios y costes de producción de la campaña 2022. Es sabido que de 2021 a 2022 los precios de los insumos y la mano de obra que se emplean para el cultivo de las uvas subieron espectacularmente, por lo que precios en el entorno de los 70 céntimos significan claras pérdidas para los viticultores.
Del mismo modo exigimos al nuevo gobierno que las ayudas anunciadas lleguen a los viticultores más necesitados. Para ello solicita que se obligue a todas las bodegas de la DOC Rioja al cumplimiento de la legislación vigente en la compra-venta de uva: contratos con precios por encima de costes de producción y plazo de pago, y que se inscriban en el Registro de Contratos Alimentarios, obligatorio desde el 30 de junio. En opinión de la Unión, cualquier ayuda pública a las bodegas debería vincularse al cumplimiento de estas obligaciones, en especial a la de los pagos de la uva.
También solicitamos que se compense la reducción de rendimientos, como hace el País Vasco, lo que haría más apetecible la vendimia en verde, propiciando que más viticultores se acogieran a ella.
En cuanto a las ayudas a la destilación de crisis, proponemos que se priorice a los pequeños cosecheros que no embotellan, pequeñas bodegas, así como a las cooperativas. Después iría el resto de bodegas, excluyendo a las que hayan realizado transacciones vinícolas durante el último año. Además, en nuestra opinión, deberían excluirse de las ayudas a las bodegas que hayan percibido ayudas para el almacenamiento de vino derivadas de la pandemia de la COVID19.
