ARAG-ASAJA, UPA-RIOJA y UAGR-COAG lamentamos la “falta de transparencia” en la planificación de las energías renovables con decisiones interesadas que, a corto plazo, solo van a favorecer la instalación de grandes complejos eólicos y fotovoltaicos en la región.
UAGR-COAG, ARAG-ASAJA y UPA-RIOJA criticamos que La Rioja se quede sin un plan para proteger el valor de la actividad agraria, tras conocer por los medios de comunicación que mañana se aprobará en el Parlamento de La Rioja una Proposición de Ley que dejará en suspenso la normativa aprobada a finales de 2021 que limita la construcción de grandes infraestructuras en terrenos de especial interés agrícola. UAGR-COAG, ARAG-ASAJA y UPA-RIOJA consideramos un tremendo error esta iniciativa, ya que solo servirá para que se aprueben los permisos de los grandes proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos pendientes.
En lugar de ello, las Organizaciones Profesionales Agrarias riojanas entendemos que lo que deberían hacer los parlamentarios riojanos es presionar para que se modifique urgentemente la Directriz de Suelo No Urbanizable de La Rioja, así como la nueva Ley de Agricultura, de manera que se blinden por fin los terrenos agrarios de especial interés frente a la especulación de las grandes multinacionales de la energía.
UAGR-COAG, ARAG-ASAJA y UPA-RIOJA defendemos una planificación ordenada de la creación de parques de energías renovables, pero lo que sucede en la actualidad es la usurpación de los mejores terrenos agrarios para convertirlos en macro parques eólicos o fotovoltaicos. De esta forma, cientos de hectáreas de parcelarias recién puestas en marcha, con ayudas europeas y modernos sistemas de regadío, se verán sustraídas de la producción de alimentos y de la cría de ganado en estos momentos de incertidumbre alimentaria que vivimos.
Las tres OPA tememos que, una vez concedidos los permisos, y como es práctica habitual en un mercado dominado por el oligopolio eléctrico, los proyectos se vendan a multinacionales de la energía o fondos de inversión, lo que condicionaría los acuerdos que ahora se firman con los propietarios de los terrenos en los que se instalarán las placas, los molinos o las líneas de evacuación de la electricidad.
